Publicaciones correspondientes al día: 17 diciembre, 2021

Los alumnos de la nueva FP podrán hacer prácticas remuneradas desde el primer año

La nueva ley de Formación Profesional (FP), que será debatida en el Pleno del Congreso el próximo 16 de diciembre, plantea que todos los estudiantes realicen prácticas remuneradas en las empresas desde el segundo trimestre del primer año, tras haber recibido una formación en la prevención de riesgos laborales durante los primeros tres meses. El alumnado se beneficiará además de la subida del salario mínimo interprofesional, mientras que las empresas estarán obligadas por ley a firmar un contrato de formación, eliminando el sistema de becas. Así lo ha detallado Clara Sanz López, secretaria general de Formación Profesional a este diario. Aunque la propuesta aún debe ser aprobada, el Ministerio de Educación confía en que se valide con el apoyo mayoritario del Congreso, pues cuenta con el visto bueno tanto de la patronal como de los sindicatos mayoritarios.

Con la nueva reforma toda la formación será dual, lo que garantiza que cualquier estudiante de FP tendrá la posibilidad de complementar su periodo dentro de las aulas con las prácticas en la empresa. Como ya se había anunciado previamente, ese tiempo laboral cubrirá entre el 25% y el 35% en el caso de la FP general, y de un 35% en la FP intensiva, que no tendrá límite máximo. Hasta ahora, el mínimo de horas lectivas era de un 11% y el máximo de un 30%. La intención de Educación es que las empresas formen personal de acuerdo a sus necesidades en el tejido productivo, y a su vez ayuden a los estudiantes a identificar sus preferencias laborales. A ese criterio se suma la inmersión temprana en las empresas, pues según Sanz, “no es suficiente con el aumento del número de horas lectivas, hay que garantizar que el acercamiento profesional ocurre desde el inicio”. La propuesta contempla la remuneración de las prácticas, y aunque la secretaria no ha precisado el ingreso exacto, sí ha dicho que el sistema se beneficiará de la reforma laboral que actualmente negocia el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales y que, en teoría, debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre.

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